El 1 de enero, España asumió la Presidencia de turno de la UE. El país que detenta la Presidencia tiene como principal tarea organizar y dirigir durante un semestre los trabajos del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Estados miembros.
Esto significa que, hasta el 30 de junio, los representantes españoles en el Consejo y sus órganos subsidiarios (comités y grupos de trabajo) son los responsables de fijar el orden del día y de presidir las aproximadamente 3.000 reuniones que tendrán lugar en Bruselas y Luxemburgo, y las 300 que se celebran en España.
La Presidencia del Consejo la ocupa el ministro español competente para cada una de las diez formaciones de esa institución, salvo en el caso del Consejo de Asuntos Exteriores, que lo preside la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton. La presidencia del Coreper y del COPS (comités de Representantes Permanentes y el Político y de Seguridad, que preparan las reuniones de los ministros), la ejerce el embajador español correspondiente. Lo mismo ocurre, a nivel de funcionarios, en los 200 grupos de trabajo.
Por primera vez, coincidiendo con el inicio de la Presidencia española, el Consejo Europeo cuenta con un presidente estable. Se trata de un cargo creado por el Tratado de Lisboa para dotar de mayor continuidad a los trabajos de la UE y para el que ha sido designado el ex primer ministro de Bélgica Herman van Rompuy por un mandato de dos años y medio, renovable una vez. Van Rompuy presidirá las reuniones del Consejo Europeo, o cumbres europeas, que reúnen a los 27 Jefes de Estado o de Gobierno.
Ejercer la Presidencia rotatoria conlleva desempeñar funciones de apoyo a la Presidencia estable, que es la encargada de representar al Consejo en sus relaciones con terceros países y organizaciones internacionales y en sus relaciones con las demás instituciones europeas, en particular con el Parlamento Europeo y la Comisión.
En la práctica, ocupar la Presidencia implica tender puentes entre los países para hacer avanzar la agenda europea; en esa labor, el país que la ocupa ha de ser imparcial y no debe promocionar activamente sus intereses ni los de ningún otro Estado. En estos seis meses, el Gobierno debe emplearse a fondo para resolver las diferencias que puedan surgir entre los Estados miembros a la hora de tomar decisiones mediante la presentación y negociación de soluciones de compromiso. También debe estar preparado para afrontar situaciones imprevistas que requieran una actuación rápida de la UE.
fuente: http://www.eu2010.es
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